De la emergencia, a la injusticia climática: ¿Cómo se toman las decisiones?

28 octubre 2021

Las inundaciones y las sequías, las olas de calor y los incendios, las epidemias en la agricultura y la amenaza de otras epidemias de salud, nuevas migraciones humanas a causa del hambre y la pobreza… Y la lista podría seguir y seguir, ya que los efectos del cambio climático en nuestro planeta son tantos como los retos que representan. 

Nos afectan a todos, y copan cada vez más a menudo las noticias a lo largo y ancho del planeta, porque ya son más que una posibilidad: el cambio climático es ahora una realidad acuciante. “Si la COVID les parece insoportable, las consecuencias del cambio climático serán mucho peores”, sentenciaba hace unos días Howard Catton, director general del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), sobre el informe El argumento de la salud para la acción climática, publicado en inglés por la OMS (The Health Argument for Climate Action).

A pocos días de la cumbre sobre el clima de la ONU, la COP26, que este año se celebra en Glasgow, hablamos con tres becarios de la Fundación ”la Caixa”: Ana Rodríguez, Laura García-Portela y Kayin Venner, que nos cuentan algunas de las acciones que han tenido éxito y la urgencia de emprender muchas otras de forma global y coordinada. 

Los más vulnerables, los más afectados

Ana Rodríguez cursó, con una beca de la Fundación ”la Caixa”, un máster en planificación rural para el desarrollo en la Universidad de Guelph, en Canadá. Desde entonces, su trabajo en temas relacionados con la gestión ambiental y el cambio climático la ha llevado a colaborar con diversas ONG en Ghana, Perú y Honduras. “El reto climático trasciende fronteras y exige una solución global. Los cambios ya están en marcha y se necesita un fuerte compromiso internacional para tomar medidas que contribuyan a estabilizar la temperatura”, comenta.

Ana Rodríguez gestiona proyectos de adaptación al cambio climático. Su trabajo la ha llevado a colaborar con diversas ONG en Ghana, Perú y Honduras.Ana Rodríguez gestiona proyectos de adaptación al cambio climático. Su trabajo la ha llevado a colaborar con diversas ONG en Ghana, Perú y Honduras.

Ana recurre a la reciente intervención de la máxima responsable de las Naciones Unidas en materia de cambio climático, Patricia Espinosa, para poner el dedo en la llaga e interpelar a los países más ricos. “A pesar de la escasa contribución de los países menos desarrollados a las emisiones globales, estos están siendo y serán los más afectados.” Y su impacto en la seguridad alimentaria seguirá nutriendo la espiral de pobreza.

Además, si los avances para lograr mitigar los efectos del cambio climático ya eran insuficientes, las necesidades y urgencias provocadas por la COVID-19 han empujado la agenda climática a un segundo plano. Por eso, explica Ana, tenemos que asegurar los recursos para implementar planes de adaptación en todos los países. “La inminente COP26 debe incluir acuerdos de apoyo financiero entre los países que han sido históricamente grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI) y aquellos más vulnerables”, dice Ana. 

La naturaleza con personalidad jurídica

Este sentimiento de injusticia climática lo comparte también el holandés Kayin Venner, que actualmente está realizando un doctorado en el Basque Centre for Climate Change (BC3). “Los privilegiados escapan a las consecuencias del cambio climático mientras los más pobres las sufren de forma desproporcionada”, explica.

Kayin Venner investiga los intereses, las tensiones económicas y políticas destinadas a combatir el cambio climático.Kayin Venner investiga los intereses, las tensiones económicas y políticas destinadas a combatir el cambio climático.

Le preocupa que algunas políticas destinadas a ayudar a las comunidades a adaptarse al cambio climático están, de hecho, acentuando las desigualdades e incluso creando otras nuevas. La clave, nos dice, reside en observar las dinámicas financieras subyacentes, como el próspero mercado de bonos verdes, las asociaciones público-privadas y los instrumentos de captura de valor de la tierra. “Tenemos que analizar estas dinámicas en la práctica y ver en qué medida satisfacen las necesidades de los más vulnerables al cambio climático.” Y en esto es en lo que se centra su investigación.

“Quiero entender hasta qué punto el dinero recaudado para la adaptación se asigna equitativamente. Explorar qué intereses, tensiones económicas y políticas desempeñan un papel en el acceso y la asignación de esta financiación.” La adaptación climática incluye costes y beneficios, y la pregunta crucial aquí es: ¿qué comunidades se benefician y en qué condiciones? La finalidad última es la mejora de la toma de decisiones para que las injusticias climáticas se puedan prevenir o minimizar. 

Kayin, que también es miembro del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability, apunta a novedades positivas. Por ejemplo, este mes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por primera vez una resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho universal. “Aunque no es vinculante, considero que es un gran avance, ya que dará forma a los estándares y fortalecerá los litigios climáticos en todo el mundo”, dice. 

Y aún hay más pasos que podrían darse. “Uno, reconocer el «ecocidio» como crimen internacional en el Tribunal Penal Internacional (ICC)”. Esto permitiría, argumenta, llevar a juicio a los responsables, incluidos los que dirigen empresas o políticos, por destrucción medioambiental y así fortalecer acuerdos internacionales. “Y dos, apostar por una ley más ecocéntrica, que otorgue una personalidad jurídica a la naturaleza”.

Pone como ejemplo el caso del mar Menor, cuya vida marina está seriamente amenazada. La iniciativa de la recogida de firmas para reconocer personalidad jurídica y derechos propios a la laguna salada más grande de Europa ha recibido ya más de 600.000 adhesiones. “Puede sonar idealista, pero a la naturaleza ya se le han otorgado derechos en más de 25 países.” Por último, señala que las políticas climáticas justas no sucederán por sí solas, "especialmente dados los intereses económicos y políticos de mantener el status quo". De hecho, en los Países Bajos se tuvo que llevar al gobierno a los tribunales para cambiar la política climática. “El abogado Roger Cox, en representación de la Fundación Urgenda y 900 ciudadanos, llevó al Gobierno holandés a la Corte Suprema por violar los derechos humanos por su inadecuada reducción de emisiones de CO₂, lo que le obligó actuar.” Así pues, añade, “el compromiso es de todos: científicos, periodistas, activistas, artistas, profesores, emprendedores, abogados...”. 

El cambio también es cuestión de filosofía

“Una comprensión filosófica de las nociones del daño, la responsabilidad y la contribución causal es necesaria para entender el tipo de deberes morales que tenemos con respecto al cambio climático. Debemos pensar en nuestra actividad dañina en contextos colectivos”, resume Laura García-Portela, investigadora posdoctoral en la Universidad de Friburgo (Suiza).

Laura García-Portela estudia cómo la filosofía puede ayudar a comprender las dimensiones morales del cambio climático.Laura García-Portela estudia cómo la filosofía puede ayudar a comprender las dimensiones morales del cambio climático.

Sin embargo, advierte Laura, desde la filosofía el objetivo no es lograr acciones efectivas, sino guiar, desde un punto normativo, cómo actuar. “Esto quiere decir reducir emisiones lo máximo posible, muy especialmente en los países desarrollados. Y, desde un punto de vista meramente individual, esto significa reducir tus propias emisiones: no comer carne; reducir los viajes en avión y en coche, y compensar las emisiones que sean difíciles de reducir”, explica. Laura matiza que no deberíamos percibirlo como una limitación o restricción. “Uno puede aprender, por ejemplo, a disfrutar de otros sabores o a viajar más pausado”. 

Acudir a la filosofía y la ética cuando es urgente tomar decisiones políticas parece complicado. De hecho, a menudo la toma de decisiones se caracteriza por visiones más pragmáticas y a corto plazo. Sin ser politóloga, Laura confía en la responsabilidad de los gobernantes ante sus electores para que estos tomen conciencia de la importancia de ciertos asuntos. “Un ejemplo es la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Creo que es un buen paso (aunque sea solo simbólico) para visibilizar que el problema es real”. 

Laura se especializó en justicia climática y políticas de daños y pérdidas durante su doctorado en la Universidad de Graz (Austria) con el apoyo de una beca de la Fundación ”la Caixa”. Su lucha por combatir el cambio climático ha sido reconocida recientemente con el premio de ensayo SWIP-Analytic por su artículo “Responsabilidad moral por pérdidas y daños por cambio climático: una respuesta a la objeción de ignorancia excusable”.

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